(O cómo nació el acceso a la información pública en Nuevo León)
Entré al periodismo queriendo ser reportera de cultura y me lanzaron a la política, porque la otra vacante ya estaba ocupada y necesitaban a alguien que supiera escribir: “A reportear, aprendes en la calle”, me dijo Nelly Cepeda cuando me ofreció el puesto.
Casi terminaba el sexenio de Fernando de Jesús Canales Clariond, el primer y hasta ahora único gobernador panista que ha tenido Nuevo León y en el Congreso del Estado las cosas no pintaban bien para los priistas, quienes por primera vez en su vida eran minoría.
El “efecto Fox” había dejado a la LXIX Legislatura con tan sólo 15 legisladores tricolores, y a pesar de tener poco tiempo de haber saltado a los escenarios en este partido, el abogado Héctor Gutiérrez de la Garza “pastoreaba ese rebaño”.
La mayor parte del tiempo en el Congreso del Estado, los diputados se la pasaban discutiendo de situaciones políticas locales, y muy pocas veces tuvieron avances legislativos importantes, -aunque presumían de productividad por haberle bajado a la pila de expedientes rezagados-, de hecho, en sus tres años, aprobaron una sola ley nueva.
La táctica era la siguiente: los diputados del PAN, comandados por Mauricio Sada Santos, hacían uso de su aplastante mayoría, con ayuda de lo que en la jerga legislativa se denomina “chiquillada”, (bancadas pequeñas con menos de tres diputados), mientras los priistas determinaban dejar la sesión cada que se ofendían, lo cual pasaba muy seguido.
Con Vicente Fox Quesada en la Presidencia de la República y promesa de la creacióndel Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, parecía que la transparencia iba a ser la norma de la administración. La Ley Federal de Acceso a la Información Pública no sólo se discutía a nivel federal, sino que se le veía como una condición para la Reforma Hacendaria. Legisladores de todos los estados y colores exigían primero transparencia en los gastos y después cambios en los esquemas tributarios.
Mientras tanto en Monterrey, se dio el “albazo”, incluso antes de que hubiera una reforma nacional, el entonces alcalde de Monterrey, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, les había “comido el mandado” a los diputados, y había establecido una Comisión Municipal de Trasparencia en Mayo de 2001, para hacer publica toda la información del municipio, situación que ofendió a más de uno, ya que revelar las nóminas y da cuentas de dinero público llegó a parecer a algunos incluso ofensivo.
Para la prensa, el acceso a la información pública significaba unadiós definitivo a los filtros e informantes, ya no habría que pasar largas horas convenciendo a nadie de entregar tal o cual información o documento, todo iba a estar ahí, cerca de nuestras manos a unos cuantos clicks, incluso para quienes trabajábamos en El Porvenir, y solamente contábamos con una computadora con acceso a internet.
Periodista novata
Tenía apenas un año como reportera de Locales, estaba cubriendo las vacaciones de mi compañero Rubén Fuentes y me había costado un poco comprender la dinámica del Poder Legislativo, entré al periodismo queriendo ser reportera de Cultura y me habían lanzado a la política, porque la otra vacante ya estaba ocupada y necesitaban a alguien que supiera escribir: “A reportear, aprendes en la calle”, me dijo Nelly Cepeda, entonces Gerente de Operaciones, cuando me ofreció el puesto.
Periodista novata en la principal redacción-escuela del Norte del país, aún no sabía lo que esto implicaba el cambio en el modo de obtener información, una nueva manera de hacer investigación periodística sin embargo era el tema del día y había que reportar diariamente sus avances que si había o si no había Ley de Acceso a la Información Pública en el Estado de Nuevo León.
Para julio de ese mismo año, la fracción panista del Congreso en Nuevo León presentaba una iniciativa de Ley de Acceso a la Información que contemplaba hacer obligatoria la publicación en Internet de las cuentas públicas estatales y municipales, nóminas y licitaciones. El Partido del Trabajono se quiso quedar atrás y presentó una propuesta “más completa” que proponía cárcel e inhabilitación para los funcionarios que violenten esa disposición.
En todas las demás fuentes, mis compañeros presentaban notas distintas; avances en obras públicas estatales, la salida inminente del gobernador para ir a ocupar un cargo federal como Secretario de Economía, el advenimiento de las elecciones de 2003 y hasta las broncas del alcalde de Monterrey con los tables dances, y en el Congreso seguíamos “atorados”, con la dichosa Ley de Trasparencia.
Cada mañana alrededor de las 9, llegaba a checar entrada a la redacción, casi en penumbras, Blanquita, la recepcionista, – imagen de cualquier película de Pedro Almodóvar, maquillaje, tinte y outfitcolorido incluido-, me recodaba que ya pasaba mi hora de entrada. Me apresuraba a revisar la orden de trabajo que ya sabía lo que diría, en primer sitio : “Revisa avances en la Ley de Trasparencia”.
Hubiera sido una pérdida de tiempo ir cada mañana a leer la misma agenda, sino fuera por la charla matutina con el maestro Silvino Jaramillo, yo le decía maestro por respeto, porque no tuve el gusto de recibir clases con él, egresada de Letras y no de Comunicación, no había tenido esa oportunidad. Él estaba leyendo los periódicos, todos, de cabo a rabo: “Nunca salgas a la calle sin revisar lo que pasa en todos lados”, y me extendía la sección nacional de algún otro vespertino, como El Universal o La Jornada.
Nace una ley
Para octubre, el debate ya había salido del Palacio Legislativo y se instalaba en las Universidades y los colegios de abogados. A nivel federal Vicente Fox prometía “Apertura total”. Mientras tanto, el Gobierno Estatal de Fernando de Jesús Canales Clariond hacia públicos los salarios del gabinete de primer nivel, hasta el Comité Estatal del PRI empezó a hacer públicos su gastos y todos estaban enarbolados en la bandera de la trasparencia total. Los municipios de San Nicolás y Escobedo hacían licitaciones públicas y abiertas a los ciudadanos. El Poder Judicial no asomaba ni la cabeza, y los foros de consulta, así como la presión de distintos actores políticos continuaba.
Los diputados locales encontraron un punto de confluencia decían que si solo iban aprobar una ley en todo su trienio (de 2001 a 2003) sería la nueva normativa más importante, que no se trataba de cantidad sino de calidad.
El 25 de Abril de 2002 finalmente nació la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, y con ello, los estadios estaban obligados a tener su propia normativa estatal, ya no solo eran buenas intenciones, existía una obligación legal.
Primero se abrieron las comisiones de Dictamen en el Congreso Local, tanto para los representantes de los medios de comunicación, como para los ciudadanos en general. El Poder Legislativo de Nuevo León abrió su nómina y espero el golpe. Pero la nueva ley no veía la luz y el proceso electoral de 2003 prácticamente “se les vino encima”, con lo cual todos los candidatos hicieron de la “trasparencia” su bandera de campaña favorita. Había que meter el acelerador o les iban a comer el mandado y el 20 de diciembre de 2002, finalmente se pusieron de acuerdo.
Ya para irse, presumiendo de ser la Legislatura más productiva pues aprobaron una gran cantidad de reformas y le bajaron al archivo de los pendientes, los diputados de la Legislatura LXIX aprobaron la Ley de Acceso a la Información Pública. Se nombró a la primera Comisión de Acceso a la Información Pública con comisionados ciudadanos emergentes de una convocatoria pública. Al principio todos los municipios y entidades de gobierno presumían sus flamantes páginas de internet con información a la mano de los ciudadanos (y los periodistas).
Después empezaron los problemas con los comisionados, – historias que merecen otro capítulo aparte-, y al final la norma, y sus exigencia comenzó a “hacer agua”. La ley, como estaba solo tuvo una vigencia de 5 años, tras las cuales se derogó por completo, y en 2008 se reestructuro nuevamente. Tampoco les quedó muy bien entonces y en 2016 tuvieron que re hacerla desde los cimientos otra vez.
Ya nadie presume de trasparencia, ahora, los funcionarios se han “hecho expertos” en encontrar la laguna a la ley, para hacer esperar, para publicar información que no es visible o comprensible a simple vista. La transparencia aún no llega a la mayoría de edad, y parece que “no se nos va a lograr”.
Mi cobertura de “suplente”, en el Congreso del Estado, se hizo permanente, y se extendió por cuatro años más, prácticamente todo mi paso por el mítico “Porve”, mi lugar en la “Periquera”,- el espacio de la prensa en la sala de sesiones-, estaba asegurado, ahí nadie se sentaba; el tercer sitio de izquierda a derecha.
El periodismo me llevó años después al mismo lugar, los diputados eran otros, incluso algunos colegas “La Fuente”, también había cambiado, pero el asiento seguía reservado. Me moví una silla y empecé a trabajar, ya no iba “en blanco”, había tenido buena escuela.